¿LA PROSTITUCIÓN ES LEGAL EN ESPAÑA?
Las mujeres en prostitución, especialmente en la calle, sufren violencia verbal, física o sexual por parte de personas o grupos incontrolados racistas y xenófobos. Por otro lado, las mujeres también mencionan los robos y hurtos que sufren en el desarrollo de esta actividad, que las llevan a desarrollar mecanismos de protección para evitar perder el dinero de una jornada de trabajo. La percepción de las mujeres entrevistadas es que se ha producido un aumento de la violencia hacia ellas, siendo el asesinato la máxima expresión de esta violencia. El
quinto capítulo de la obra lleva por título "El abolicionismo
en España (hasta 1935)". Aquí, el autor trata en primer lugar,
del movimiento y la campaña abolicionista iniciada por Josephine
E. Butler en 1875, que postulaba, como rasgos más generales, la
ilegalidad del reglamentarismo y la solución del problema venéreo
mediante la reeducación moral y sexual de hombres y mujeres en igualdad
de condiciones.
Tampoco deja fuera a los intermediarios y/o proxenetas que explotan a las mujeres que ejercen la prostitución. A pesar de las dificultades, las mujeres han desarrollado redes de apoyo mutuo entre compañeras de ocupación, que se protegen de la violencia de los clientes y se usan para aprender y aplicar estrategias de seguridad en diversos ámbitos. Asimismo, han desarrollado, con el paso de los años y la experiencia ante la violencia de otras compañeras, mecanismos de autodefensa como elegir a los clientes, pactar los servicios, guardar el dinero para evitar robos o la importancia de revisiones ginecológicas y del uso de protección (cuando les es posible). Además, el hecho de ser extranjeras y tener pocos lazos sociales dificulta aún más la prevención y la denuncia de la violencia, muchas veces sintiéndose aisladas de la sociedad española.
Entre ellas se pueden señalar las condiciones de desigualdad económica y de género, el estigma social hacia el colectivo de prostitutas o trabajadoras sexuales, las leyes migratorias que controlan y restringen a ciertas poblaciones, además de las leyes que criminalizan la prostitución. La prostitución es una actividad alegal en España y, por ello, apenas hay datos sobre cuántas mujeres la ejercen, ni en cuántos prostíbulos o pisos, cuántos hombres acuden a ellos y exactamente cuánto dinero mueve. Todo son aproximaciones o informes antiguos, que aportan una imagen solo aproximada de una actividad en España que buena parte del movimiento feminista considera como un acto de violencia hacia las mujeres. Pese a ello, el Gobierno y los especialistas consideran que la industria del sexo española es, sin duda, una de las más importantes del mundo.
La prostitución es una actividad alegal en España y, por ello, apenas hay datos sobre cuántas mujeres la ejercen, ni en cuántos prostíbulos o pisos, cuántos hombres acuden a ellos y exactamente cuánto dinero mueve. Todo son aproximaciones o informes antiguos, que aportan una imagen solo aproximada de una actividad en España que buena parte del movimiento feminista considera como un acto de violencia hacia las mujeres. Pese a ello, el Gobierno y los especialistas consideran que la industria del sexo española es, sin duda, una de las más importantes del mundo.
En este sentido, Baye y Heumann (2017) han puesto de relieve cómo las leyes migratorias italianas generaron, en las mujeres nigerianas que ejercían la prostitución (algunas de ellas víctimas de trata), mayor exposición a la violencia y la explotación extrema en la ciudad de Turín. Las mujeres estaban indocumentadas, lo que las hacía muy vulnerables a la explotación por deudas, así como al abuso y a la violencia por parte de empleadores, de clientes y de autoridades gubernamentales. También Ratinthorn et al. (2009) señalan que la violencia contra las trabajadoras sexuales supone una amenaza para su vida y su salud, para el control del trabajo y su seguridad financiera. Al estar en desventaja y dedicarse a un empleo ilegal, estas mujeres están atrapadas en un círculo de amenazas y violencia que solo puede reducirse desde una política que despenalice el trabajo sexual junto con estrategias para disminuir la pobreza y la desigualdad social. Es difícil compaginar el trabajo sexual con una pareja, incluso cuando deviene esta actividad en parejas ya consolidadas. El estigma, la transgresión del orden establecido y la comercialización de la sexualidad tienen un gran impacto en las relaciones de pareja, sobre todo en una sociedad patriarcal monogámica y heterosexual que controla la sexualidad femenina.
Dentro de las posibles secuelas del TEPT se pueden dar el miedo e impotencia, el adormecimiento emocional o por el contrario la hiperactividad, flashbacks de los acontecimientos traumáticos, nerviosismo, irritabilidad, estar alerta o insomnio. En la investigación, fueron entrevistadas 41 mujeres, la mayoría de las cuales migrantes, y de las cuales tres eran mujeres trans, que ejercían la prostitución sin coacción aparente en diversas provincias españolas. Se diseñó la realización de las entrevistas con la mayor diversidad de circunstancias y características sociodemográficas posibles entre las mujeres, ya que, en las investigaciones cualitativas, lo importante es la máxima diversidad –no la cantidad– que viene determinada, más que por la representatividad estadística, por el muestreo teórico (Morse, 2000).
Las mujeres en situación de prostitución ocupan posiciones subordinadas e inferiores, proceden de entornos pobres y vulnerables y cuando no son víctimas de trata, suelen verse empujadas por la necesidad de un medio de subsistencia económica. En ese país, la oferta de prostitutas es tan amplia que no sólo se puede elegir entre búlgaras, rumanas, dominicanas, rusas, brasileñas o nigerianas, por citar algunas nacionalidades, sino que los precios son extremadamente competitivos. Por cinco euros, lo que cuesta un par de docenas de huevos, le pueden hacer a uno sexo oral.
Esta sanción es incompatible con las que corresponderían por las infracciones que se pudiesen haber cometido en relación con las ganancias patrimoniales no justificadas o la presunción de obtención de rentas reguladas en los artículos 191, 192, 193, 194, 195 de la LGT. Añadir en este apartado que resulta de aplicación la reducción de sanciones prevista en el artículo 188 LGT. Debido a que se trata de una actividad ilícita, algunos tribunales entienden los ingresos procedentes de esa actividad como subsumibles dentro de los incrementos de patrimonio no justificados.
Una vez aquí, se encuentran con el control de fronteras y las políticas migratorias de los países europeos, lo que conduce a situaciones de falta de derechos, racismo, transfobia, misoginia y altos costes migratorios. A pesar de haber proyectos migratorios individuales, la realidad es que los proyectos migratorios –de un gran número de mujeres que acaban en la prostitución– son familiares o grupales (Oso, 2010), ya que su migración supone la mejora de vida de toda la familia nuclear y a veces la lejana. Las mujeres tienen la responsabilidad de mantener a la familia –progenitores e hijos– pues sus parejas abandonaron pronto las obligaciones con ellos. Así, el proyecto migratorio que muchas mujeres contemplaban desde sus países de origen podía suponer, en algunos casos, ejercer la prostitución, pero en otros no. Sin embargo, una vez en España, la prostitución se convirte en el destino casi inevitable cuando no se posee documentación adecuada para residir y trabajar.
De esta manera, se sanciona al usuario o consumidor de tales servicios o a la persona intermediaria que negocie para terceras personas. El Ayuntamiento de León es el último en sumarse a la lista con la implementación de su nueva ordenanza que busca prohibir las conductas "que puedan considerarse como favorecedoras o que promuevan el consumo de prostitución u otras formas de explotación sexual, el mercado de la prostitución y/o el turismo sexual, con independencia de que sean constitutivas de infracción penal". Estas medidas han sido puestas en duda múltiples veces, dado que las ordenanzas municipales no pueden entrar en conflicto en ningún caso con la ley estatal, por lo que no pueden prohibir la prostitución en sí misma, sino que se limitan a hacerlo en determinados ámbitos (como es el caso de aquellas personas que la ejercen en la vía pública). De hecho, en 2019, el Ayuntamiento de Madrid se planteó aplicar una regulación similar a la de Barcelona, llegando a la conclusión de que excedía las competencias del ayuntamiento. En León no se menciona la prostitución callejera en ninguna norma local de forma específica, pero la ordenanza de Protección de la Convivencia Ciudadana y Prevención de las Conductas Antisociales recoge multitud de infracciones relacionadas con esta actividad y en el caso de Ávila está expresamente prohibida.